Habitantes del municipio de Santa María Apazco, Nochixtlán, se manifestaron este lunes frente al Palacio de Gobierno en la capital oaxaqueña para expresar su rechazo al reciente fallo de la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los inconformes denunciaron que dicha resolución favorece a Eduardo García Santiago, a quien identifican como un actor que pretende perpetuar un cacicazgo en la zona, ignorando las sentencias previas del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) que habían invalidado la elección debido a múltiples irregularidades. Según los portavoces de la comunidad, el proceso estuvo marcado por la falta de consensos, la nula difusión de la convocatoria y la exclusión de gran parte de la población indígena, atentando directamente contra su autonomía y sistemas normativos internos.
La representación comunitaria, encabezada por el Consejo de Ancianos y una comitiva legalmente elegida en asamblea, sostuvo que el expediente electoral cuenta con pruebas contundentes de fraude, tales como el uso de fotografías de procesos pasados para simular participación actual y la manipulación del padrón electoral. Entre los señalamientos más graves, destacaron la aparición de sufragios emitidos por personas fallecidas o ciudadanos que ya no residen en la localidad, lo que calificaron como un «padrón inflado» que fue desestimado por la instancia federal en un tiempo récord de cinco días. Ante esta situación, aclararon que el palacio municipal de Apazco permanece cerrado y bajo resguardo de la propia comunidad —incluyendo los bastones de mando— como una medida de protección de sus bienes y no como una toma violenta, enfatizando que no reconocerán a una autoridad que no fue emanada de la voluntad popular real.
Finalmente, los manifestantes lamentaron que los discursos oficiales sobre pluralismo jurídico e interculturalidad no se traduzcan en una justicia real para los pueblos originarios. Advirtieron que la imposición de una autoridad ajena a la confianza comunitaria solo genera un clima de inestabilidad y violencia, mencionando que durante el proceso se registraron agresiones y actos de amedrentamiento contra los pobladores. La comitiva exigió una revisión transparente de las pruebas de geolocalización y cronología presentadas, reafirmando que la comunidad «tiene memoria» y no permitirá que se extienda un control político que ha vulnerado sus derechos humanos y territoriales durante décadas, por lo que mantendrán su exigencia de respeto a la determinación de su asamblea general.
