Por: Aylin Paredes
Una funcionaria de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer de Oaxaca, Katia R. J., protagonizó un violento episodio al irrumpir, junto a dos hombres ebrios, en la casa de una mujer embarazada para agredirla por un conflicto con su perro. El ataque ocurrió el 9 de febrero, cuando los agresores, sin autorización, forzaron la entrada a la vivienda, dañaron la puerta y profirieron amenazas contra la víctima, quien estaba sola y a semanas de dar a luz. El hecho, documentado en video, ha desatado furia en redes sociales por la impunidad que persiste.
La familia de la afectada denuncia que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se ha negado a actuar, limitándose a sugerir un acuerdo de no agresión, pese a la gravedad del caso. La víctima, quien sufrió un parto prematuro que su esposo atribuye al estrés causado por la agresión, vive con miedo mientras su bebé permanece internada. La indignación crece al saber que Katia R. J. sigue trabajando en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, sin enfrentar consecuencias por sus acciones.
Este caso expone una alarmante contradicción: una funcionaria encargada de proteger a las mujeres se convierte en agresora, mientras las autoridades permanecen pasivas. La familia exige justicia y advierte que no descansará hasta que se castigue a los responsables, dejando en el aire una pregunta dolorosa: ¿quién protege a las víctimas cuando las instituciones fallan?
