La comunidad indígena de San Vicente Coatlán manifestó formalmente su rechazo a la ejecución del proyecto hidráulico «Mujer Solteca», anteriormente conocido como Paso Ancho, debido a la ausencia de protocolos de consulta previa, libre e informada. A través de un documento dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, las autoridades de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia señalaron que la obra se proyectó sobre tierras ancestrales sin contar con el aval de su asamblea general. Esta situación, según informaron los representantes locales, incrementó la tensión en la zona, pues el territorio se encuentra inmerso en un histórico conflicto agrario con el municipio vecino de Villa Sola de Vega, lo que podría derivar en una confrontación social interna si se inician los trabajos sin el consenso necesario.
En este contexto, las autoridades comunales destacaron que no han recibido información técnica ni han tenido acceso a la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) traducida a su lengua, el zapoteco. Pese a que el Gobierno Federal y la administración estatal de Salomón Jara Cruz contemplaron una inversión superior a los 6 mil millones de pesos para abastecer de agua a la capital oaxaqueña, los quejosos subrayaron que no existe un acta de asamblea que autorice el uso de su suelo. Asimismo, informaron que las mesas de diálogo para resolver las disputas territoriales con Sola de Vega se encuentran estancadas desde septiembre de 2023, lo que complica la viabilidad política de la presa, cuya construcción se pretendía iniciar este mismo año con un recurso inicial de mil 800 millones de pesos.
Finalmente, el comisariado encabezado por Enrique Hernández Hernández reiteró que, aunque mantienen una postura de apertura al diálogo, la prioridad de la comunidad es la seguridad jurídica de sus tierras y el respeto a sus sistemas normativos internos. Por lo anterior, recalcaron la urgencia de establecer un protocolo de consulta pública real antes de avanzar con cualquier intervención física en la región. Mientras tanto, la incertidumbre prevaleció entre los habitantes de Coatlán, quienes consideraron que la imposición del proyecto vulnera sus derechos como pueblo originario y pone en riesgo la estabilidad de la Sierra Sur ante la falta de una solución definitiva a sus demandas agrarias.
