Comerciantes del municipio de San Pedro Mártir, en Mihuatlán, denunciaron haber sido víctimas de un desalojo violento encabezado por el presidente municipal César Figueroa Jiménez y su auxiliar Arturo Baladés. Los hechos dejaron al menos tres personas heridas, una de ellas hospitalizada en estado grave, según informaron integrantes del Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (Foro), conformado por CODEPO y CODEDI.
Los afectados acusan que fueron atacados con palos, piedras y gases por grupos de choque presuntamente organizados y financiados por el propio edil. Aseguran que, aunque el discurso oficial señala que fue una acción del pueblo, las agresiones provinieron de personas ajenas a la comunidad, coordinadas por autoridades municipales y elementos de la policía local.
De acuerdo con los comerciantes, el conflicto comenzó luego de que se les negara el diálogo para acordar su reubicación y se les reprimiera por mantenerse en sus puntos de venta tradicionales, ante la falta de alternativas laborales. Explicaron que el edil había prometido construir un nuevo mercado y permitirles seguir vendiendo hasta que se habilitara, compromiso que no fue respetado.
“Vivimos de esto, somos madres solteras, no tenemos otra fuente de ingresos. Lo que está haciendo es dejarnos sin sustento”, declararon algunas de las vendedoras afectadas, quienes también denunciaron la censura en medios locales y el uso del aparato de comunicación del ayuntamiento para difundir información falsa.
El Frente de Organizaciones responsabilizó directamente al presidente municipal y a su auxiliar por las agresiones, así como por cualquier otra represalia futura contra los comerciantes o sus organizaciones. Además, anunciaron el inicio de una huelga de hambre hasta que las autoridades estatales atiendan sus demandas y se haga justicia.
Finalmente, exigieron la desaparición de poderes en el municipio y el castigo penal a los responsables de la represión. Aseguraron que no permitirán que el caso quede impune y advirtieron que responderán organizadamente en las calles si no se garantiza el respeto a los derechos del pueblo.
