En un contexto de tensión política, Inés Martínez Reyes, presidenta municipal de Zapotitlán Palmas, Oaxaca, se presentó este martes frente al Palacio de Gobierno para exigir ser escuchada y desmentir acusaciones de corrupción en su contra.
Un grupo de vecinos solicitó el domingo, en una reunión en el Congreso del Estado, su destitución por presuntos desvíos de recursos y falsificación de firmas, señalamientos que Martínez calificó como «totalmente falsos». Acompañada de la regidora de salud y su equipo, la edil demandó una auditoría inmediata para aclarar las acusaciones y transparentar el uso de los recursos municipales.
Martínez Reyes, quien se enteró de la reunión en el Congreso a través de redes sociales, destacó que no fue invitada ni informada oficialmente, lo que consideró una muestra de violencia política. Durante su intervención, detalló que el municipio recibió 3.1 millones de pesos del ramo 28, 1.6 millones del Fortamun y 5.7 millones del fondo tres, desmintiendo un supuesto desvío de 30 millones señalado por los inconformes. Además, refutó las acusaciones sobre la falta de obras, como un pozo de agua en Titano, asegurando que está en funcionamiento con permiso de Conagua. La presidenta también denunció haber sido víctima de agresiones, como el robo de una camioneta destinada al traslado de estudiantes, y señaló no haber recibido respaldo.
Pese a la propuesta de diálogo planteada por el diputado Benjamín Viveros, el grupo de ciudadanos rechazó negociar, según Martínez, quien aseguró que las firmas presentadas por los inconformes son de una asamblea de 2023 y no representan a la mayoría de los 1,900 habitantes del municipio. La edil, visiblemente afectada, advirtió que cualquier daño en su contra recaerá en quienes han ignorado sus llamados. Con este panorama, Zapotitlán Palmas enfrenta un conflicto que requiere atención urgente para evitar una escalada de tensiones.
