Por Óscar García
Han transcurrido más de tres meses desde la desaparición de Erick Jair Pérez Limón, ocurrida en el municipio de San Agustín de las Juntas. Durante este tiempo, familiares y defensores han señalado deficiencias en las investigaciones, falta de acceso a la verdad y obstáculos para alcanzar justicia.
El caso tomó relevancia debido a las amenazas que Erick Jair recibió por parte del padre de su novia, Gaspar N., a quien se le relaciona con actividades ilícitas. No obstante, existen otros antecedentes que no han sido plenamente investigados: el 16 de abril de 2025, el propio Erick Jair denunció ante la Fiscalía de Oaxaca agresiones, amenazas y tentativa de homicidio por parte de policías municipales de San Agustín de las Juntas.
Ante la falta de respuestas institucionales, la familia, acompañada por el defensor Joaquín Galván, llevó el caso a instancias internacionales. Como resultado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió la Acción Urgente 2134/2025, conforme al artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El organismo internacional emplazó al Estado mexicano a ejecutar de manera inmediata medidas específicas, entre ellas:
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Localizar a Erick Jair, revisando líneas telefónicas, sistemas de videovigilancia, testimonios y toda evidencia disponible.
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Investigar de forma integral la denuncia previa presentada por la víctima contra autoridades municipales de San Agustín de las Juntas, considerando un posible vínculo con su desaparición.
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Revisar la actuación de funcionarios estatales y municipales que habrían ignorado las denuncias de amenazas y agresiones.
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Diseñar una estrategia coordinada de búsqueda, con recursos suficientes, personal capacitado y evaluaciones periódicas.
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Brindar protección inmediata a los familiares de Erick Jair —Julián Pérez López e Ivonne Limón—, así como al defensor Joaquín Galván, ante posibles represalias.
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Establecer mecanismos oficiales de comunicación que garanticen información constante y clara a la familia sobre los avances de la investigación.
“El llamado de la ONU coloca este caso en el plano internacional y obliga al Estado mexicano a actuar con mayor celeridad y transparencia”, sostuvo Joaquín Galván.
La desaparición de Erick Jair Pérez se suma a la grave crisis de derechos humanos en México, donde miles de familias continúan exigiendo verdad y justicia para sus seres queridos.
