Con el objetivo de combatir la corrupción y garantizar que los servicios públicos de depósito vehicular operen bajo un marco de legalidad y justicia social, se presentó en el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Encierros y Depósitos de Vehículos para el Estado. La propuesta plantea armonizar disposiciones legales, reducir requisitos de superficie para regularizar espacios existentes y establecer tarifas homologadas, transparentes y justas para las y los usuarios.
La iniciativa fue presentada por el diputado Israel López Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con el fin de reformar la fracción VII del artículo 3 y la fracción II del artículo 28 de la citada ley. El legislador subrayó que su planteamiento busca generar certeza jurídica mediante la armonización con el artículo 21 Bis de la Ley Estatal de Derechos, incorporando criterios claros para el otorgamiento y refrendo de concesiones en función de la superficie de los inmuebles.
En este sentido, se contempla reducir la superficie mínima requerida para los inmuebles destinados a encierros vehiculares, pasando de 5 mil a mil metros cuadrados, con el fin de atender la realidad operativa en la entidad y permitir la regularización de espacios que actualmente funcionan fuera del marco normativo.
Asimismo, se establece la homologación de tarifas para los servicios de depósito y encierro en espacios concesionados, evitando cobros excesivos y equiparándolos a los establecidos para los encierros oficiales, conforme a la Ley Estatal de Derechos. Esta medida busca proteger la economía de las personas usuarias y garantizar condiciones equitativas en la prestación del servicio.
De igual forma, se propone que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sea la instancia encargada de fijar y actualizar anualmente las tarifas mediante acuerdos que deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, fortaleciendo con ello los mecanismos de transparencia y acceso a la información.
El diputado promovente destacó que esta iniciativa se encuentra alineada con los ejes de Seguridad, Justicia y Movilidad Vial del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028, y reiteró el compromiso de la actual administración estatal para erradicar prácticas indebidas en la prestación de servicios públicos concesionados.
La propuesta también refuerza las obligaciones de las y los concesionarios, quienes deberán contar con pólizas de seguro de responsabilidad civil, mantener registros electrónicos detallados sobre el ingreso y salida de vehículos, así como exhibir de manera visible las tarifas autorizadas al público.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Movilidad y Transportes para su análisis y dictamen.
