Estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) se manifestaron en la entrada del Palacio de Gobierno de Oaxaca para denunciar el despojo de su albergue estudiantil “Don Manuel Céliz Ponce” en Mihuatlán de Porfirio Díaz, presuntamente ordenado por el presidente municipal, César Figueroa. El pasado 26 de abril, policías municipales tomaron las instalaciones ubicadas en la calle Quinta de González Ortega, barrio abajo, sin notificación previa ni presentación de una orden oficial, según relataron los afectados.
Los jóvenes, que arribaron al lugar entre las 17:00 y 17:30 horas, encontraron las entradas bloqueadas por los policías, quienes les negaron el acceso y se limitaron a declarar que cumplían “órdenes de la presidencia” sin ofrecer más explicaciones. Los estudiantes exigieron un motivo legal para la acción, pero no hubo respuesta. Además, reportaron que las autoridades pintaron los logotipos del albergue, forzaron puertas y desordenaron pertenencias, incluyendo camas, en lo que calificaron como un “abuso de autoridad”.
El albergue, que desde 2016 ofrece hospedaje, transporte y alimentación a bajo costo a ocho estudiantes de diversas comunidades y estados, opera bajo un contrato de comodato por 99 años, otorgado por la presidencia municipal entre 2014 y 2016. Los manifestantes destacaron que el espacio, construido con recursos gestionados a través del programa federal RG 20, busca apoyar a jóvenes que estudian en universidades y bachilleratos de Mihuatlán. Sin embargo, enfrenta carencias como falta de despensas, computadoras y literas, necesidades que han planteado sin éxito a los gobiernos municipal, estatal y federal.
Los estudiantes también denunciaron que el presidente municipal difundió un recorrido por las instalaciones en redes sociales, afirmando que el albergue ahora “pertenece al pueblo mihuateco”. Los afectados rechazaron este discurso, argumentando que el espacio siempre ha estado destinado al beneficio de la comunidad y que han promovido su uso entre jóvenes de municipios aledaños. Acusaron al gobierno municipal de no apoyar la educación y de desviar recursos policiales que deberían atender problemas como la inseguridad.
Con el respaldo de abogados, universitarios y maestros, los estudiantes anunciaron que buscarán asesoría legal para defender su derecho a ocupar el albergue, respaldados por la documentación del comodato. Exigieron al gobierno municipal una explicación formal y la devolución de las instalaciones para continuar su labor educativa.
