Por Óscar García
Una mujer de la tercera edad denunció haber sido víctima de un presunto desalojo ilegal y violento en su vivienda, ubicada en la sexta calle de Colón número 601, hecho ocurrido la madrugada del sábado alrededor de las 6:40 horas.
María del Carmen Trujillo López, de 76 años, relató que un grupo de personas rompió los candados de la puerta de su domicilio para ingresar sin autorización, sacándola por la fuerza junto con su nieto, quien se encontraba dormido y fue obligado a salir descalzo y con ropa mínima.
La afectada expresó su temor e indignación al asegurar que no existía ninguna orden judicial que avalara el desalojo, ni la presencia de autoridades ministeriales durante el acto, lo que —dijo— evidencia que se trató de una acción arbitraria.
Señaló que un hombre identificado como Víctor Hugo Porras se ostenta como propietario del inmueble; sin embargo, afirmó no conocerlo ni tener vínculo alguno con él. Asimismo, indicó que este individuo presenta supuestas escrituras que, a su juicio, son falsas, ya que involucran la firma de su hermano, quien falleció hace tres años y, según afirmó, ya no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales.
La denunciante explicó que la propiedad ha permanecido en su familia durante décadas: primero perteneció a su abuelo, posteriormente a su padre y después a su hermano, de quien asegura ser la única heredera legal. Añadió que cuenta con documentación que acredita la posesión del inmueble, misma que ya fue presentada ante las autoridades correspondientes, incluyendo el Ministerio Público, donde interpuso una denuncia formal por estos hechos.
Además, denunció que, tras el desalojo, los presuntos responsables tomaron control del inmueble, colocaron personas para resguardarlo y comenzaron a realizar modificaciones en su interior, mientras que sus pertenencias permanecen dentro de la vivienda.
Trujillo López también aseguró haber recibido amenazas de muerte, situación que le ha impedido acercarse nuevamente a su domicilio o continuar con normalidad su vida cotidiana.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que intervengan en el caso. Solicitó una audiencia con el gobernador del estado y pidió que su situación sea atendida incluso por la presidenta de México, con el fin de que se investigue la presunta falsificación de documentos y se le restituya su patrimonio.
