Una resolución judicial confirmó que la familia del diputado local Dante Montaño Montero ha mantenido la posesión irregular de un inmueble ubicado en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, desde 2005. El predio, con un valor estimado de 35 millones de pesos, debe ser devuelto a su legítimo propietario tras una sentencia firme dictada por el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro.
El terreno, de 2,475 metros cuadrados, cuenta con una construcción de más de 1,700 metros cuadrados, áreas verdes y una piscina de 130 metros cuadrados. La propiedad se localiza en el paraje conocido como Barrio de San Antonio, en la Séptima Sección, actualmente calle Vicente Guerrero.
Según consta en el expediente 084/2012, el juicio inició como una demanda de inexistencia y nulidad de contrato de compraventa, así como de reivindicación del inmueble. En 2017, el juzgado determinó que el contrato utilizado para adquirir la propiedad carecía de validez legal y debía ser anulado.
La sentencia estableció que Fernando José Sánchez Ortiz y María del Rosario de los Santos Toledo —identificados como prestanombres— realizaron una simulación de compraventa con otro tercero, con el respaldo del notario público número 19, Rodolfo Morales Moreno. La operación fue declarada nula, y se ordenó la restitución del bien al demandante.
Posteriormente, los involucrados intentaron justificar la posesión del inmueble mediante una supuesta cesión de derechos parcelarios firmada por Heladio Jacobo Montaño Márquez y Josefina Montero Garnica, padres del legislador. Sin embargo, la jueza María Aurora Rivera Soriano desestimó este documento, al considerar que no cumplía con los requisitos establecidos por la Ley Agraria.
Ante la falta de cumplimiento voluntario por parte de los condenados, el juzgado ha ordenado ejecutar la sentencia con el auxilio de la fuerza pública. Esta medida busca garantizar que el bien inmueble sea entregado al propietario legal con todos sus frutos y accesiones.
El demandante, cuya identidad se mantiene reservada por motivos de seguridad, ha solicitado también la reparación del daño ocasionado por casi dos décadas de ocupación irregular de la propiedad.
