A cuatro años de la desaparición de la defensora ambiental oaxaqueña Irma Galindo Barrios, el caso continúa sin avances sustanciales y persiste como una de las ausencias más dolorosas para su comunidad y para quienes luchan por la defensa del territorio.
Galindo fue vista por última vez el 27 de octubre de 2021 en la Ciudad de México, adonde acudió a una reunión convocada por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Salió desde su comunidad, San Esteban Atatlahuca, en la Mixteca oaxaqueña, en busca de apoyo; no volvió a su hogar.
Durante años denunció tala ilegal, amenazas, el incendio de su vivienda y el desplazamiento de familias tras ataques en Guerrero Grande, Ndoyonoyuji y Mier y Terán. También responsabilizó a autoridades municipales por presuntos actos de saqueo en los bosques de la región. De acuerdo con organizaciones acompañantes, pese a sus alertas no se implementaron medidas de protección efectivas ni se desplegó una búsqueda adecuada tras su desaparición. Incluso, algunos funcionarios locales llegaron a negar los hechos.
Los presuntos responsables de los ataques previos en la zona fueron liberados posteriormente debido a tecnicismos legales, mientras que la deforestación en la región mixteca que Galindo defendía continúa avanzando. Informes comunitarios y de colectivos ambientales estiman pérdidas de más de 18 mil 700 hectáreas anuales desde 2021.
Activistas y habitantes de Atatlahuca señalan que el caso refleja una omisión institucional grave: el Estado convocó a la defensora a una reunión oficial y, tras su desaparición, no ha ofrecido respuestas claras ni resultados en la investigación.
A cuatro años, la desaparición de Irma Galindo sigue siendo una herida abierta para Oaxaca y un recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes defienden la tierra y el territorio en México.
