Las diputadas federales Martha Aracely Cruz Jiménez y Margarita García García, integrantes de la bancada del Partido del Trabajo (PT), condenaron el uso de la fuerza pública para disolver una protesta ciudadana ocurrida el pasado martes al poniente de la capital oaxaqueña. El incidente se derivó de una movilización de vecinos que exigían la conclusión de obras de infraestructura hidráulica y pavimentación en sus localidades, demandas que terminaron en un desalojo violento por parte de los elementos de seguridad estatal. Durante una comparecencia en la Cámara de Diputados, las legisladoras calificaron el actuar de la administración estatal como una aplicación de la denominada «Ley del Garrote», argumentando que el ejercicio de la autoridad sobrepasó los límites del diálogo institucional frente a reclamos sociales legítimos.
Bajo una postura crítica, la diputada Margarita García subrayó que, si bien las movilizaciones sociales generan afectaciones a terceros, estas surgen como una medida desesperada ante la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades. La legisladora señaló que la gestión gubernamental actual ha mostrado rasgos de opacidad y una desatención sistemática hacia las agencias y comunidades, lo que obliga a las organizaciones a recurrir a la protesta como único recurso para ser escuchadas. Al respecto, el bloque petista enfatizó la necesidad de transitar hacia una política de puertas abiertas que priorice la transparencia en la ejecución de obra pública, evitando que la represión sea la respuesta ante las carencias básicas de la población civil en la entidad.
