En el Congreso del Estado de Oaxaca, la diputada Jimena Yamil Arroyo Juárez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma para establecer nuevas restricciones contra quienes incumplen con el pago de pensión alimenticia.
La propuesta plantea impedir que las personas inscritas en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) puedan contraer matrimonio civil, además de prohibirles la expedición, renovación o reposición de licencias de conducir mientras mantengan adeudos pendientes.
Con la adición de la fracción X al artículo 14 del Código Familiar, se contempla que el Registro Civil verifique previamente a la celebración del matrimonio que ninguno de los contrayentes se encuentre inscrito en el REDAM. En caso de aparecer en dicho registro, la autoridad deberá negar el trámite hasta que se acredite la regularización de la obligación alimentaria.
Asimismo, mediante la incorporación del artículo 173 Ter a la Ley de Movilidad, la iniciativa propone que la Secretaría de Movilidad revise obligatoriamente el estatus del solicitante antes de emitir cualquier licencia para conducir, con el fin de impedir que personas catalogadas como deudoras morosas accedan a este documento oficial.
De acuerdo con el Proyecto de Decreto, el objetivo es fortalecer la eficacia del REDAM mediante consecuencias jurídicas “proporcionales y razonables”, enfocadas en garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Durante la exposición de motivos, la legisladora subrayó que la obligación alimentaria “no es un acto de liberalidad”, sino un deber jurídico relacionado con el derecho al mínimo vital y la subsistencia. La iniciativa sostiene además que estas medidas no constituyen sanciones penales, sino mecanismos administrativos diseñados para incentivar el cumplimiento de las pensiones sin vulnerar derechos fundamentales como la libertad de tránsito o el libre desarrollo de la personalidad.
La iniciativa fue presentada en sesión ordinaria el pasado 18 de noviembre de 2025 y fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Administración y Procuración de Justicia, así como de Movilidad y Transporte, para su análisis y dictamen.
