Familiares de Gerardo José Martínez, un hombre de 82 años originario de Ayutla Mixe, Oaxaca, continúan su búsqueda incansable tras su desaparición el 5 de julio de 2025. El adulto mayor salió de su hogar para realizar actividades en el campo y no regresó, lo que ha generado preocupación entre sus seres queridos, quienes han explorado intensamente la zona y municipios aledaños sin hallar indicios. Ante la falta de avances por parte de las autoridades, decidieron ofrecer una recompensa de 40 mil pesos a cualquier persona que proporcione información veraz para localizarlo, ya sea con vida o sin ella. Leobardo, hijo de Gerardo, hizo un llamado público a la ciudadanía para que comparta la ficha de búsqueda y contribuya a resolver este caso, destacando el difícil momento emocional que atraviesa la familia.
En una rueda de prensa realizada frente al Palacio de Gobierno, Joaquín Galván, abogado que acompaña el caso, expresó su temor de que Gerardo haya sido víctima de un delito, posiblemente un intento de secuestro que salió mal y pudo haber resultado en su fallecimiento. Galván apeló directamente a la conciencia de posibles involucrados, instándolos a revelar el paradero del desaparecido sin temor a represalias, ya que el objetivo principal es reintegrarlo a su familia para que encuentren paz. Además, una activista de la organización Oaxaqueños Buscando a los Nuestros subrayó la angustia constante que viven las familias de personas desaparecidas, enfatizando la necesidad de prevenir más casos similares en la región.
Por otro lado, Galván contextualizó la situación al señalar que, aunque la zona Mixe no es un foco rojo tradicional por desapariciones, el crimen organizado está extendiendo su influencia hacia comunidades indígenas vulnerables. Esto se debe, en parte, a la presencia de personas con negocios exitosos en ciudades, lo que atrae la atención de grupos delictivos. El abogado criticó el creciente fenómeno de desapariciones en Oaxaca, describiéndolo como un problema en «números rojos» agravado por instituciones con limitada capacidad de respuesta y atención deficiente a las familias afectadas. Esta realidad subraya la urgencia de mayor involucramiento social y gubernamental para abordar un flagelo que impacta cada vez más localidades remotas.
