Por Óscar García
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, respaldó que los ayuntamientos utilicen vehículos asegurados por la Fiscalía General del Estado (FGEO), al señalar que muchas de estas unidades llevan entre seis y siete años bajo resguardo sin ser reclamadas y pueden aprovecharse para fortalecer las labores de los gobiernos municipales.
Durante su conferencia de prensa, el mandatario explicó que el caso del presidente municipal de Mazatlán no es el único, ya que existen otros alcaldes que también hacen uso de este tipo de vehículos para atender las necesidades de sus comunidades.
Jara Cruz sostuvo que se trata de unidades que permanecen aseguradas desde hace varios años, sin que exista una resolución definitiva sobre su destino, por lo que consideró que mantenerlas abandonadas representa un desperdicio de recursos.
«Es válido que los utilicen. No solamente un presidente, hay más presidentes municipales que lo hacen, porque son vehículos que tienen seis o siete años resguardados», expresó.
El gobernador indicó que, en la mayoría de los casos, son los propios municipios quienes destinan recursos para rehabilitar las unidades, debido a que muchas presentan daños mecánicos por el tiempo que han permanecido sin uso.
Explicó que, una vez reparados, los vehículos son destinados a tareas de seguridad pública, protección civil, servicios municipales o actividades administrativas, de acuerdo con las necesidades de cada ayuntamiento.
Jara Cruz afirmó que esta práctica permite aprovechar bienes que, de otra forma, continuarían deteriorándose en los patios de resguardo sin generar algún beneficio para la población.
No obstante, aclaró que las unidades continúan bajo la custodia de la Fiscalía General del Estado y que su utilización debe realizarse conforme a los mecanismos legales establecidos por la autoridad competente.
Asimismo, señaló que el Gobierno del Estado mantiene coordinación con la Fiscalía para revisar la situación jurídica de diversos bienes asegurados y analizar alternativas que permitan aprovechar aquellos que ya no sean indispensables para las investigaciones.
Finalmente, el mandatario reiteró que, mientras exista sustento legal, el uso de estos vehículos representa una medida para fortalecer la capacidad operativa de los municipios, especialmente de aquellos con recursos limitados y necesidades de transporte para la prestación de servicios públicos.
