El Congreso de Oaxaca ha aprobado una reforma al artículo 383 Bis del Código Penal estatal, con el fin de definir con mayor precisión el delito de extorsión y otras formas de coacción, incorporando agravantes que implican penas más estrictas. Esta medida afecta especialmente a funcionarios públicos o exservidores, así como a miembros de empresas de seguridad privada que cometan el ilícito dentro de los cinco años posteriores a dejar sus cargos. La penalidad base establece entre 3 y 9 años de prisión, junto con multas de mil a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), alineándose con disposiciones constitucionales y del código penal local. El dictamen, avalado por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, busca responder a la creciente incidencia de estos crímenes que impactan la paz social, los derechos individuales, la economía regional y la seguridad personal.
Además, la reforma duplica las sanciones en casos específicos, como el uso de medios digitales para extorsionar, el empleo de imágenes, audios o videos de contenido sexual —ya sean reales o manipulados—, o cuando el perpetrador se presenta falsamente como parte de un grupo delictivo. Otras agravantes incluyen actos cometidos desde centros penitenciarios, contra comerciantes o transportistas, en perjuicio de menores de 18 años o mayores de 60, con intervención de personas armadas o usando violencia física, o para cobrar daños derivados de incidentes de tránsito. Esta iniciativa subraya la necesidad de una respuesta firme, afirmando que en Oaxaca la ley se defiende con determinación y el bienestar se edifica mediante acciones políticas concretas.
En este contexto, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan 30 denuncias por extorsión de enero a mayo de 2025, a las que se suman 25 reportadas por la Fiscalía General del Estado, totalizando 55 casos y evidenciando un incremento. La reforma se alinea con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la iniciativa de ley presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que impulsa una legislación general para prevenir y sancionar este delito a nivel federal. Los diputados aprobaron el dictamen con 38 votos, fortaleciendo así el marco legal contra una amenaza que erosiona la estabilidad social.
