Durante la conferencia matutina de este martes, el Gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi), enfatizó que en lo que va del año 2026 no se ha autorizado ninguna actualización ni incremento en las tarifas del transporte público en ninguna región del estado. La titular de la dependencia, Yesenia Nolasco Ramírez, precisó que los ajustes observados por la ciudadanía corresponden a un proceso de ordenamiento iniciado en 2025, el cual buscó regularizar rutas que operaban con costos desactualizados desde hace más de una década. Este ordenamiento se basa en estudios técnicos de campo, encuestas y análisis de gabinete que consideran variables como la inflación, el salario mínimo y el precio del combustible, con el fin de otorgar certeza jurídica tanto a concesionarios como a usuarios.
Bajo esta estrategia de regularización, se detalló que casos específicos como el de San Juan del Estado presentaban rezagos tarifarios desde el año 2014. Aunque los análisis técnicos sugerían un incremento superior al 50% para cubrir los costos de operación actuales, las mesas de trabajo con los transportistas permitieron establecer una tarifa de 35 pesos, vigente desde noviembre del año pasado. Con el objetivo de evitar cobros excesivos o arbitrarios, la autoridad estatal recordó que todas las unidades de transporte foráneo deben exhibir obligatoriamente el tarjetón oficial en un lugar visible. Asimismo, se reiteró que para los viajes especiales provenientes de los Valles Centrales hacia la capital, la capacidad máxima permitida es de cuatro pasajeros por unidad.
Por su parte, el gobernador Salomón Jara Cruz destacó que el reordenamiento del transporte no solo incluye la vigilancia de los precios, sino también la expansión de la movilidad colectiva para reducir el congestionamiento vial. Actualmente, se han habilitado 28 de las 34 rutas proyectadas de minibuses, un modelo que se pretende fortalecer en las regiones del Istmo, la Costa y la capital durante el próximo año para incentivar el uso del transporte público sobre el privado. Con estas acciones, la administración estatal busca transitar hacia un sistema de movilidad más eficiente y debidamente normado bajo el marco de la Ley de Movilidad vigente.
