Organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en el Espacio OSC, documentaron 156 agresiones contra defensores de derechos humanos en Chiapas entre enero de 2024 y junio de 2025, con cuatro ejecuciones y 131 ataques directos por su labor. Estas acciones incluyen intimidaciones, difamaciones y vigilancia, perpetradas por grupos criminales y fuerzas estatales, según el informe del Observatorio de Chiapas. El estado ocupa el quinto lugar nacional en personas con medidas de protección federal, con 124 casos activos, lo que evidencia un deterioro en el espacio cívico pese a la estrategia de pacificación estatal.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas sufrió 46 hostigamientos desde 2024, como el allanamiento al domicilio de su directora Dora Roblero en julio de 2025, que forma parte de una serie de incidentes denunciados por la ONU. La detención arbitraria de Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana, el 5 de agosto de 2025 en Tapachula, ilustra la criminalización de defensores de migrantes, anulada por un juez federal ante la falta de pruebas. Casos emblemáticos, como la masacre de Nueva Morelia en mayo de 2024 y el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez en octubre de ese año, subrayan la impunidad en ataques armados contra comunidades indígenas.
Periodistas enfrentan 21 agresiones en 2024 y 2025, con 16 en este último año, incluyendo dos allanamientos, tras los homicidios de Fredy López Arévalo en 2021 y Víctor Alfonso Culebro Morelos en junio de 2024. Espacio OSC demanda a la fiscalía estatal avances en investigaciones pendientes y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos un informe especial sobre quejas contra funcionarios. El gobernador Ramírez, quien asumió en diciembre de 2024, debe implementar protecciones efectivas para contrarrestar la militarización y las causas estructurales de la violencia, como la pobreza y el despojo territorial.
