La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que su gobierno ya revisa el operativo ocurrido en la sierra de Chihuahua, donde murieron presuntos agentes estadounidenses, y no descartó sanciones en caso de confirmarse que se trató de una operación conjunta fuera del marco legal.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria informó que la investigación está en manos de la Fiscalía General de la República, instancia que deberá determinar si hubo violaciones a la Constitución o a la Ley de Seguridad Nacional.
“La relación que se tiene con agencias del gobierno de Estados Unidos está claramente marcada por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional”, sostuvo.
El caso se originó tras el percance registrado el pasado 19 de abril en la sierra de Chihuahua, donde un vehículo cayó a un barranco y posteriormente se incendió. El saldo fue la muerte de dos agentes estatales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y dos presuntos instructores estadounidenses.
Sheinbaum subrayó que cualquier coordinación con agencias extranjeras debe apegarse estrictamente a los lineamientos legales vigentes, al recalcar que los estados no pueden establecer este tipo de vínculos de manera directa.
“Para que un estado pueda coordinarse con una agencia del Gobierno de Estados Unidos, no lo puede hacer de manera directa, tiene que pasar necesariamente por la Federación”, puntualizó.
Además, reiteró que en México no están permitidas las operaciones conjuntas en territorio nacional, por lo que será clave esclarecer si este caso incumplió dichas disposiciones.
La presidenta fue clara al señalar que, de confirmarse irregularidades, habrá consecuencias tanto a nivel interno como en la relación bilateral.
“Una vez que se tenga certeza de si estaban en una operación conjunta, vendría un extrañamiento y una solicitud de que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó.
Añadió que el Senado deberá mantenerse atento al desarrollo del caso, dado su papel en la supervisión de la política exterior.
La mandataria también reveló inconsistencias en la versión de autoridades estatales, lo que refuerza la necesidad de una investigación a fondo.
Indicó que el fiscal de Chihuahua modificó su declaración, por lo que se busca esclarecer qué hacían estas personas en la zona y a qué agencia pertenecían. Hasta el momento, dijo, existen indicios de algún tipo de colaboración, pero será la FGR la que determine su legalidad.
