En Chiapas, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), creada en diciembre de 2024 por el gobernador Eduardo Ramírez para combatir la violencia, enfrenta graves acusaciones por violaciones a derechos humanos. Organizaciones civiles, como el Centro Frayba y la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, junto a comunidades tzotziles, denuncian detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tortura y robos durante operativos. En San Pedro Cotzilnam, Aldama, un convoy de 41 vehículos irrumpió el 24 de abril de 2025, cateando casas sin órdenes judiciales y deteniendo a dos zapatistas, José Baldemar Sántiz y Andrés Manuel Sántiz, acusados de secuestro sin pruebas, según pobladores.
Las denuncias no se limitan a Aldama. En Comitán, Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez, medios locales y redes sociales reportan agresiones, robos y detenciones de civiles, incluyendo ocho menores en San Cristóbal de Las Casas, algunos señalados por portar drogas o armas. La organización Melel Xojobal advierte que los niños son víctimas de un sistema que los vulnera, no criminales. Además, en Tila, ejidatarios denunciaron que los Pakales, junto al grupo criminal Karma, golpearon a ancianos, detuvieron a 20 personas, incluyendo cinco menores, y robaron pertenencias.
Por su parte, la Iglesia Católica, a través del obispo de Tapachula, Luis Manuel López, y el vicario Miguel Montoya, ha expresado preocupación por el subregistro de casos, ya que el miedo inhibe las denuncias. La FRIP, liderada por Álvaro Cuauhtémoc Serrano, exmando señalado por ejecuciones en 2015, opera con un presupuesto de mil millones de pesos y 701 elementos. Sin embargo, expertos como Víctor Hugo López, de la Red TDT, critican que estas acciones priorizan una imagen de control sin abordar la impunidad ni el crimen organizado, confundiendo pacificación con la construcción de paz.
