Durante la jornada de este viernes, la detención del presidente municipal de Tequila, Diego “N”, desencadenó una serie de protestas y revelaciones por parte de trabajadores del sector turístico y empleados municipales. Tras confirmarse la captura del edil por parte de fuerzas federales bajo cargos de presuntos vínculos con la delincuencia organizada y extorsión, un grupo de trabajadores procedió a romper y quemar los chalecos de color guinda que el ayuntamiento les obligaba a portar. Los manifestantes señalaron que el uso de estas prendas no era voluntario y denunciaron que eran víctimas de cobros indebidos, incluyendo el pago forzoso de los uniformes y un incremento arbitrario en las cuotas de las pulseras turísticas, las cuales pasaron de 25 a 50 pesos por visitante.
Este operativo, denominado «Enjambre» y coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no solo resultó en la aprehensión del alcalde, sino también en la de tres funcionarios clave de su administración: los directores de Seguridad Pública, Catastro y Obras Públicas. De acuerdo con la información oficial proporcionada por el secretario Omar García Harfuch, estas acciones responden a la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Las investigaciones apuntan a que Diego “N” presuntamente encabezaba una red de corrupción dedicada a extorsionar a empresas tequileras y comerciantes locales, además de enfrentar señalamientos por su probable relación con células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Por su parte, la dirigencia estatal de Morena en Jalisco emitió un pronunciamiento oficial ante los hechos, en el cual subrayó que «nadie está por encima de la ley». El partido manifestó su respeto irrestricto a las investigaciones y al debido proceso, delegando en las autoridades judiciales la determinación de responsabilidades. Mientras tanto, la Operación Enjambre continúa bajo la instrucción de la presidencia de la República, buscando desarticular redes de corrupción municipal que han sido previamente detectadas en otras entidades, como el Estado de México, consolidando un esfuerzo federal por limpiar las administraciones locales de influencias delictivas.
