México retornó a mil 364 niños, niñas y adolescentes migrantes a sus países de origen entre enero y octubre de 2025, según un informe de organizaciones civiles que integran el Grupo de Trabajo de No Devolución. Estas devoluciones afectaron principalmente a menores de Honduras (677), Guatemala (340) y Venezuela (206), con 608 mujeres y 756 hombres, además de 734 en edades de 0 a 11 años. Las prácticas violan el principio de no devolución y el interés superior de la niñez, al omitir evaluaciones individuales de riesgos como violencia o reclutamiento forzado.
El reporte califica como verdadero que el país incumple el principio de non-refoulement, pues las autoridades aplican formatos prediseñados sin investigar contextos personales, a pesar de reformas legislativas de 2020 que prohíben detenciones y retornos inmediatos de menores. Además, en 2024 se registraron solo 243 devoluciones de personas con necesidades de protección, de las cuales el 8% correspondió a menores. La entrega de tarjetas humanitarias cayó 99.35 por ciento ese año, lo que limita opciones de regularización.
Fuentes como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y expertos de la Universidad Iberoamericana respaldan estas violaciones sistemáticas, que incluyen detenciones arbitrarias y traslados forzados. Por ello, las organizaciones demandan ajustes institucionales para garantizar evaluaciones adecuadas. El fenómeno se enmarca en un aumento histórico de solicitudes de refugio, que alcanzó 78 mil 975 en 2024.
