El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Chihuahua, resolvió un conflicto competencial y determinó que corresponde a las autoridades federales conocer el proceso penal seguido contra el senador Javier Corral Jurado por el presunto delito de peculado. La decisión, dada a conocer el 9 de enero de 2026, se refiere al conflicto competencial 20/2025 y ordena que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el juez de control local se desistan del caso y remitan los expedientes correspondientes.
El traslado al ámbito federal se originó en la solicitud de la defensa del legislador —encabezada por el despacho Schütte & Delsol Abogados— para que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerciera su facultad de atracción. Argumentaron que en el fuero local no se garantizaban los fines constitucionales del proceso ni los derechos de las partes, incluyendo la posibilidad de presentar pruebas y argumentos de defensa. La FGR aceptó atraer el asunto, y dos jueces de distrito federales coincidieron en que la competencia era del orden federal. Tras audiencias prolongadas con alegatos y desahogo de pruebas, el tribunal colegiado confirmó esta postura. El caso involucra acusaciones por pagos irregulares —por un monto de aproximadamente 98.6 millones de pesos— relacionados con la contratación de un despacho para la reestructuración de la deuda pública estatal durante la administración pasada, según observaciones de la Auditoría Superior del Estado.
Esta resolución marca un cambio en la jurisdicción del litigio, que hasta ahora se tramitaba en el ámbito estatal. La defensa del senador ha expresado confianza en que el análisis en el fuero federal permitirá resolver el asunto conforme a derecho y demostrar la inocencia de Corral, al tiempo que se han señalado posibles irregularidades en el manejo local del caso. Por su parte, autoridades estatales han cuestionado en ocasiones previas intentos de atracción federal, aunque la decisión final del tribunal colegiado es vinculante. Ahora, la FGR continuará con las indagatorias en este proceso que ha generado atención por su implicación política y jurídica.
