Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno, explicó que las recientes modificaciones a la Ley de Amparo pretenden evitar abusos en la concesión de suspensiones que obstaculizan el combate al lavado de dinero. La reforma establece que, en principio, no procede la suspensión de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), salvo que se acredite el origen lícito de los recursos. Además, se garantiza un “mínimo vital” para cubrir necesidades básicas, como salarios o pensiones, en caso de bloqueo erróneo.
En relación con críticas sobre retroactividad, Zaldívar aclaró que las reformas no afectan los juicios de amparo en trámite ni los derechos adquiridos en etapas procesales concluidas. Las modificaciones se aplican únicamente a procedimientos futuros, lo que asegura que no haya retroactividad en materia procesal. Esta precisión busca contrarrestar la desinformación generada por detractores, algunos de los cuales, según Zaldívar, tienen intereses particulares o mienten deliberadamente.
La reforma fortalece el equilibrio entre proteger derechos humanos y combatir el crimen organizado, al evitar que el amparo se utilice para proteger actividades ilícitas. Zaldívar destacó que los plazos judiciales serán más breves y los jueces deberán resolver con mayor rapidez. Así, el Estado podrá recuperar recursos ilícitos sin afectar a personas que actúen de buena fe.
