En un hecho histórico para la visibilización y el reconocimiento de los pueblos originarios de nuestro país, Yuki Hueda Tanabe, directora de Información, Estadística e Investigación Aplicada del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), presentó esta mañana el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, una herramienta que dignifica, documenta y protege la existencia de quienes han sido históricamente marginados.
Desde la conferencia matutina presidencial, Hueda Tanabe dio a conocer que 16 mil 114 comunidades han sido oficialmente registradas: 15 mil 600 indígenas, 444 afromexicanas y 70 pluriculturales, distribuidas en 28 entidades federativas y en mil 392 municipios del país. Además, se reconocen 71 pueblos, incluyendo al Pueblo Afromexicano, que por primera vez se visibiliza con este peso institucional.
Este catálogo no solo representa una cifra. Es un acto de justicia y memoria. Implica reconocer asentamientos ancestrales, sus formas de organización, su cultura, sus lenguas y su derecho a existir con dignidad. La mayoría de las comunidades son rurales (15 mil 670), aunque también hay presencia urbana (276) y mixtas (168), lo cual revela la riqueza y diversidad del tejido comunitario de México.
En un país que ha avanzado lentamente en el reconocimiento real de sus raíces, este catálogo marca un antes y un después. Porque los datos importan, sí. Pero más aún, importa el mensaje: aquí están, aquí siguen, y aquí deben contar.
Estados como Oaxaca (2 mil 914 comunidades), Chiapas (2 mil 735), Veracruz (2 mil 584) e Hidalgo ( mil 427) destacan por su alta concentración, mientras que entidades como Coahuila y Colima apenas cuentan con dos comunidades registradas. Tabasco, mi tierra, aparece con 231 comunidades reconocidas, lo que representa una oportunidad clave para fortalecer políticas públicas con enfoque de identidad, pertenencia y autonomía.
El catálogo, disponible en catalogo.inpi.gob.mx, también clasifica a las comunidades según su tipo de asentamiento (nuclear o extensa) y antigüedad. Este esfuerzo nos recuerda que el reconocimiento jurídico debe acompañarse de acciones concretas que garanticen sus derechos: salud, educación, tierra, agua y representación política real.
