La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que su gobierno rechazó las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada porque no se trata de un organismo directo de Naciones Unidas, sino de un grupo de expertos vinculado a la ONU. Detalló que el análisis del comité abarca casos ocurridos en cuatro entidades de la República entre 2009 y 2017, y que esos resultados se extrapolan hasta 2025. Además, señaló que dicho estudio no se ajusta a la caracterización oficial de la desaparición forzada que establecen los estatutos de la propia comisión y de la ONU, la cual atribuye esta práctica principalmente al Estado por motivos políticos.
Sheinbaum indicó que Relaciones Exteriores y Gobernación enviaron al comité documentos sobre las acciones implementadas desde 2019, entre ellas la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, los cambios legislativos y el trabajo conjunto con los colectivos de personas desaparecidas. Sin embargo, el informe no consideró esa información actualizada, por lo que el gobierno mexicano rechazó el documento. La mandataria enfatizó que esta postura no afecta el compromiso de su administración con las familias de desaparecidos ni con la erradicación de este delito, vinculado principalmente a la delincuencia organizada.
La presidenta anunció que su gobierno mantendrá una comunicación permanente con el responsable del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y establecerá una relación estrecha con el Alto Comisionado para explicar las razones del rechazo y detallar las medidas que se impulsan contra las desapariciones. Subrayó que el Estado mexicano rechaza tajantemente el uso de la desaparición forzada como mecanismo de control o represión, en línea con la visión de la Cuarta Transformación.
