La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó las afirmaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que identificó indicios de una práctica generalizada y sistemática de desapariciones en México. A través de un comunicado emitido el 23 de octubre de 2025, la dependencia calificó tales aseveraciones como carentes de sustento y no admisibles, al tiempo que reconoció a México como uno de los países más abiertos al escrutinio internacional por la ratificación de todos los tratados de derechos humanos. El gobierno atribuyó el fenómeno principalmente a la delincuencia organizada y subrayó que se combate mediante una política de Estado basada en prevención, investigación y sanción.
El rechazo se produjo tras la intervención del relator del Comité, Juan Pablo Albán, durante la 20 sesión plenaria de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU. En abril de 2025, el organismo activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo reservado para situaciones excepcionales. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que no comparte esa decisión, pues considera que debe sustentarse en criterios objetivos y no desvirtuar el espíritu de cooperación entre los Estados parte y el Comité.
Las autoridades mexicanas mantienen que no existe una política estatal de desapariciones forzadas y destacan esfuerzos institucionales para fortalecer la búsqueda de personas, la coordinación interinstitucional y el diálogo con familiares y colectivos de víctimas. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta casi 134 mil casos acumulados, aunque el Ejecutivo insiste en que la mayoría se vincula con actividades del crimen organizado y no con acciones directas o tolerancia de servidores públicos.
