La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, formalizó su demanda contra el senador morenista Adán Augusto López Hernández por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora. Esta acción busca su desaforo, destitución e inhabilitación por al menos 20 años, además de la apertura de procesos penales por encubrimiento y tráfico de influencias. El documento se remitió a la subcomisión de la Comisión de Justicia para su revisión inicial.
Pérez-Jaén basa su solicitud en 30 informes de inteligencia militar filtrados por Guacamaya Leaks en 2021, que alertan sobre las actividades de Hernán Bermúdez Requena, alias El Caníbal, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco bajo el mando de López Hernández. Estos documentos identifican al senador con el alias Navajo y detallan su conocimiento de operaciones ilícitas como huachicol y extorsiones, con menciones a notificaciones al expresidente Andrés Manuel López Obrador. La demandante acumula también notas periodísticas sobre lazos familiares y empresariales entre López Hernández y Bermúdez.
La ratificación genera tensiones en la Cámara de Diputados, donde Morena detenta la mayoría absoluta, lo que reduce las probabilidades de avance al pleno pese al alto costo político para el partido en el poder. Pérez-Jaén espera una actuación responsable de la legislatura, mientras López Hernández niega los señalamientos y afirma someterse a las autoridades judiciales. El caso salpica al legado de Morena en Tabasco con imputaciones por financiamiento irregular y pactos electorales.
