Por: Aylin Paredes
El gobierno de Donald Trump publicó más de 240 mil páginas de registros del FBI sobre Martin Luther King Jr., desafiando las objeciones de su familia y de organizaciones de derechos civiles. Los documentos, sellados desde 1977, detallan la vigilancia del FBI al líder del Movimiento por los Derechos Civiles antes de su asesinato en 1968. La divulgación, ordenada por una decisión judicial, fue digitalizada y puesta a disposición del público por los Archivos Nacionales, marcando un hito en la transparencia de registros históricos.
La familia de King, particularmente sus hijos Martin Luther King III y Bernice King, expresó su preocupación por la publicación, destacando el carácter personal y doloroso del asesinato de su padre. En una declaración conjunta, pidieron que los documentos se analicen con empatía y respeto, subrayando que el caso sigue siendo una herida abierta para ellos. Además, reiteraron su postura de que James Earl Ray, condenado por el crimen, no actuó solo, una teoría que los archivos podrían ayudar a esclarecer. Por su parte, la Southern Christian Leadership Conference, cofundada por King, también se opuso, argumentando que la vigilancia del FBI buscaba desacreditar al líder y su movimiento.
Por otro lado, la oficina de la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, describió la desclasificación como un paso «sin precedentes» y destacó el respaldo de Trump a la transparencia. Alveda King, sobrina del líder, apoyó la medida, aunque su posición contrasta con la de los hijos de King. La publicación coincide con otras desclasificaciones ordenadas por Trump, como los archivos de los asesinatos de John F. Kennedy y Robert F. Kennedy, en un contexto de críticas por su manejo de otros casos, como los documentos de Jeffrey Epstein.
Académicos y periodistas ya estudian los archivos, que podrían arrojar nueva luz sobre la vida de King, el Movimiento por los Derechos Civiles y su muerte en Memphis en 1968. Sin embargo, las voces críticas, como el reverendo Al Sharpton y el King Center, ven la divulgación como una maniobra política más que un acto de justicia.
