Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico interpusieron denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra funcionarios públicos y empresas como Comsa, Infraestructura SASB, Grupo Constructor Diamante y Daniferro Tools.
Los delitos señalados incluyen lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, con base en irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación desde 2019.
El abogado Adrián Arellano precisó que la representación busca reparación integral del daño para los afectados.
Arellano enfatizó que el proceso resulta independiente de las indemnizaciones prometidas por el gobierno y no persigue beneficios personales para los litigantes.
Además, invitó a más víctimas a sumarse a la asesoría y representación legal, con el objetivo de fortalecer sus intereses mediante seguimiento constante.
La investigación determinará responsables específicos, ya que hasta el momento solo se conocen datos públicos.
El representante legal exhortó a las autoridades a ver la participación de las víctimas como una colaboración para esclarecer el incidente.
Por otra parte, aclaró que ninguna empresa se ha comunicado con ellos y que toda acción contará con aval de los representados.
El proceso requiere dictámenes especializados para evaluar causas del descarrilamiento e impacto en las víctimas.
