A 15 años del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido el 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, organizaciones de derechos humanos mantienen viva la demanda de respuestas del Estado mexicano. La activista fue ultimada en un acto que simboliza las fallas institucionales en la investigación de violencias de género, un caso que expone tanto omisiones específicas como deficiencias estructurales que persisten en el país.
En representación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la abogada Soledad Sánchez explica que una petición presentada en 2019 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) busca el reconocimiento de la responsabilidad estatal por las violaciones a los derechos de Marisela, Rubí y su familia, centrada en las investigaciones deficientes de ambos crímenes. Esta solicitud permanece en etapa de admisibilidad, mientras el Estado evalúa opciones de reparación individual y medidas para prevenir repeticiones. Además, junto al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y Mexicanos en el Exilio, las organizaciones acompañan a la familia, que sufrió amenazas posteriores al asesinato de Marisela, lo que derivó en un desplazamiento forzado internacional.
Por su parte, Ruth Fierro, del Cedehm, destaca pendientes específicos: aclarar inconsistencias en la investigación del homicidio de Marisela, incluyendo versiones contradictorias sobre el responsable material, y determinar responsabilidades por la falta de protección ante amenazas previas denunciadas por la activista. Aunque en el caso de Rubí se estableció la responsabilidad directa de su expareja, líneas sobre posibles autorías intelectuales y estructuras de macrocriminalidad quedaron sin explorar, lo que contribuye a la impunidad.
En el ámbito estructural, las organizaciones señalan insuficiencias presupuestales en fiscalías especializadas en género, saturación en mecanismos de protección a defensoras de derechos humanos —rol que asumió Marisela— y la ausencia de un marco jurídico sólido para atender el desplazamiento por violencia. Estos factores, subrayan, facilitan que casos similares se repitan, colocando a víctimas y buscadoras en riesgo al asumir tareas investigativas que corresponden al Estado.
La expectativa actual recae en una respuesta voluntaria del gobierno mexicano que aborde estas deudas de manera integral, honrando la memoria y lucha de Marisela Escobedo por una justicia efectiva frente a la violencia de género.
