Tras una década de disputas territoriales, las comunidades de Santa Catarina Juquila y San Miguel Peras consolidaron el cierre de un conflicto agrario mediante la firma del convenio de paz número 52, gestionado por la Secretaría de Gobierno. Durante un proceso que se extendió por más de diez meses de mediación directa en el territorio, las autoridades estatales y locales lograron establecer acuerdos técnicos y de campo para delimitar con precisión los linderos en disputa. Esta resolución devolvió la estabilidad a más de dos mil campesinos y cinco mil habitantes de la zona, quienes recuperaron la libertad de trabajar sus tierras bajo un marco de orden y claridad jurídica que pone fin a la incertidumbre patrimonial que afectaba el desarrollo social de la región.
En sintonía con este avance en la pacificación del estado, se realizó la entrega masiva de más de 700 títulos de propiedad, una acción destinada a saldar deudas históricas con familias oaxaqueñas que carecían de documentos legales que respaldaran su patrimonio. La coordinación entre organismos como CORETURO, el Registro Agrario Nacional (RAN), Catastro y el IFREO permitió agilizar trámites que anteriormente se percibían como inaccesibles, protegiendo a los propietarios ante posibles abusos o extorsiones derivados de la informalidad. Con este acto, se reafirmó que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para detonar el bienestar económico y prevenir nuevos brotes de violencia en una entidad donde el 80% de la propiedad es de carácter ejidal y comunal.
Finalmente, el Gobierno del Estado proyectó una meta sexenal de 40 mil acciones de regularización para transformar la realidad de los sectores con propiedad privada, que representan el 20% del territorio estatal. Los funcionarios estatales subrayaron que estas acciones no deben verse como simples gestiones administrativas, sino como herramientas de transformación de vida que garantizan la herencia de las familias. Al concluir los trabajos de campo y la entrega de escrituras, la administración reiteró su compromiso de mantener la presencia en las comunidades para resolver las problemáticas desde el lugar de origen, asegurando que la ruta para construir la paz territorial se mantendrá vigente mediante el diálogo y la resolución definitiva de expedientes agrarios.
