La Fiscalía y el Gobierno de Jalisco ofrecieron una disculpa pública por violaciones a derechos humanos en la desaparición de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Carolina y Bernardo, ocurrida en 2010. El acto, realizado en el Patio de los Naranjos del Palacio de Gobierno, cumplió con la Recomendación 167/2023 de la CNDH, que acreditó afectaciones al derecho a la búsqueda. Sin embargo, las familias señalaron que las autoridades modificaron acuerdos previos y omitieron demandas clave, como mayor difusión del evento. Natividad Guerrero, madre de una víctima, expresó que el acto no dignificó la memoria de los desaparecidos ni atendió el dolor de 15 años de búsqueda.
Salvador Zamora, secretario general de gobierno, admitió la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría por fallas en el acceso a la justicia y la verdad. El fiscal Salvador González de los Santos destacó la necesidad de fortalecer la investigación y coordinación interinstitucional. Pese al reconocimiento, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) reportó restricciones a medios y organizaciones, además de cambios unilaterales en la logística del evento. La disculpa, con un año de retraso, no incluyó proyecciones de fichas de búsqueda ni cartas de familiares, como se había solicitado.
Diego Enciso Cruz, hijo de dos víctimas, lamentó la indolencia de las autoridades, que dejó sin padres a un menor de tres años. Las familias exigieron realizar el acto en la Glorieta de Las y Los Desaparecidos, pero el gobierno optó por otro lugar. La CNDH y colectivos subrayaron que la reparación integral y otros puntos de la recomendación siguen pendientes. La lucha por justicia y verdad, afirmaron, continúa ante la falta de avances concretos en el caso.
