Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, negó que existan desplazamientos forzados por la delincuencia organizada en el municipio de Frontera Comalapa, tras reportes del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) sobre más de 100 mexicanos albergados en Huehuetenango. Ramírez afirmó que estas personas, originarias de comunidades como El Sabinalito, son familiares de detenidos que enfrentan procesos penales y acusó a grupos criminales guatemaltecos de intentar desacreditar su estrategia de seguridad. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca respaldó esta postura, asegurando que los traslados a Guatemala son voluntarios y que la paz está garantizada en la región. Ramírez destacó que su gobierno ha implementado mesas de paz para restablecer la seguridad.
El IGM reportó que los mexicanos, procedentes de comunidades como Santa Teresa Llano Grande y Paso Hondo, huyeron tras un aumento de violencia desde el 8 de agosto, que incluyó el asesinato de dos hombres en El Sabinalito. Autoridades guatemaltecas, incluyendo el Ministerio de Defensa y la Cruz Roja Internacional, brindan asistencia humanitaria en la aldea Guailá. En contraste, Ramírez y Llaven sostienen que no hay evidencia de desplazamiento forzado, y el fiscal informó sobre 127 vinculados a proceso y 78 vehículos asegurados en operativos contra el grupo criminal «El Maíz», liderado por «El Colocho», quien opera con impunidad en Guatemala. Cuatro líderes de este grupo tienen fichas rojas de Interpol.
Organizaciones de derechos humanos, como el Centro Fray Bartolomé de Las Casas, contradicen la narrativa oficial y reportan una crisis humanitaria con al menos dos mil 300 desplazados en Chiapas desde enero de 2024, debido a la disputa territorial entre grupos criminales. Estas ONG exigen que los gobiernos federal y estatal atiendan a las víctimas conforme a la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas. Ramírez insistió en que su administración actúa con legalidad y transparencia, y acusó a la delincuencia de manipular la percepción pública. Las autoridades chiapanecas refuerzan la seguridad en municipios fronterizos para contener la violencia.
