Frente al inicio de la temporada de lluvias y al aumento de fenómenos meteorológicos extremos registrados en distintas regiones del mundo, el Gobierno de México presentó este miércoles, durante la conferencia matutina, un programa nacional de infraestructura hidráulica orientado a disminuir riesgos, proteger a la población y reducir daños patrimoniales provocados por inundaciones.
El plan, coordinado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), contempla inversiones cercanas a los 12 mil millones de pesos y acciones en diversas entidades del país que históricamente han enfrentado afectaciones recurrentes, ya sea por crecimiento urbano acelerado, insuficiencia en sistemas de drenaje, cercanía con cauces o por eventos climáticos extraordinarios.
Dentro de la estrategia, Tabasco ocupa un lugar prioritario. La entidad, marcada durante décadas por el impacto de lluvias intensas y el comportamiento de una compleja red de ríos de gran caudal, tendrá una inversión de 746 millones de pesos para ejecutar obras en Centro, Cunduacán, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Nacajuca y Tacotalpa.
Los trabajos contemplan el desazolve de 50 kilómetros de ríos y arroyos, además de obras de protección en más de 5.3 kilómetros para reforzar la seguridad de comunidades vulnerables y proteger infraestructura, zonas habitacionales y áreas productivas.
Durante la exposición también se informó que las acciones en Tabasco no concluirán con las labores actuales. Autoridades federales trabajan en coordinación con el gobierno estatal en un proyecto integral que contempla infraestructura retenedora, reencauzamiento de cauces y recuperación ambiental mediante revegetación de zonas altas y márgenes de ríos, con el objetivo de reducir la acumulación de sedimentos y evitar afectaciones futuras.
Asimismo, se destacó que el desazolve de presas y ríos continuará de manera permanente como parte de una estrategia preventiva. Incluso se precisó que las acciones realizadas durante el año pasado permitieron avanzar en el retiro de sedimentos acumulados que durante años contribuyeron a incrementar riesgos en distintas regiones.
La intervención federal también incluye proyectos de gran magnitud en el Valle de México, donde se desarrollan obras hidráulicas en Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl y La Paz. Entre ellas destacan ampliaciones en la Laguna El Salado, colectores, nuevos sistemas de bombeo y obras para acelerar el desalojo de agua y reducir tiempos de inundación.
Uno de los proyectos estratégicos es el colector Chalco, una obra superior a los mil millones de pesos que busca resolver afectaciones históricas que desde los años setenta golpeaban a esa zona del Estado de México.
El programa incorpora además el desazolve de 19 ríos en el Valle de México, una intervención de más de 68 kilómetros; trabajos de protección en el río Tula, Hidalgo; acciones de reconstrucción en Veracruz tras severas inundaciones; obras en el río Suchiate, Chiapas; y medidas en Acapulco, donde más de 120 mil habitantes serán beneficiados.
A estas acciones se suman más de 23 mil obras de agua potable, drenaje y saneamiento distribuidas en alrededor de 2 mil 300 municipios del país, en coordinación con estados y ayuntamientos, convirtiéndose en uno de los programas hidráulicos más amplios impulsados en los últimos años.
Más allá de la infraestructura, el desafío refleja un cambio de enfoque: pasar de atender emergencias a construir sistemas de prevención permanentes en un contexto donde el comportamiento climático exige nuevas respuestas para las ciudades y comunidades del país.
Graciela Bravata
