El Tribunal Colegiado del Poder Judicial de Tuxtla Gutiérrez ordenó la liberación inmediata de cinco defensores tzeltales de San Juan Cancuc, Chiapas, el 22 de noviembre de 2025, tras declarar contradictorias las pruebas en su contra por el homicidio de un policía municipal en 2022. Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez y Manuel Santiz Cruz enfrentaron detenciones arbitrarias que iniciaron con acusaciones de posesión de marihuana y escalaron a cargos de homicidio sin evidencia sólida. El proceso judicial incluyó dos condenas previas en 2023 y 2024, revertidas por irregularidades como errores en la carpeta de investigación y suspensiones injustificadas en el juicio oral.
Los liberados integran el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), que resiste megaproyectos como la Carretera de las Culturas, aprobada en 2019 para unir Palenque con San Cristóbal de Las Casas, además de una hidroeléctrica en el río Chacté y la creciente militarización regional. La ONU emitió la Opinión No. 21/2025 en mayo, calificando las detenciones como arbitrarias y exigiendo su libertad, mientras organizaciones como la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (CLIFODH) presentaron amicus curiae para presionar el caso. Gustavo Castro Soto, coordinador de Otros Mundos, subrayó que tales criminalizaciones aumentarán si las comunidades persisten en la defensa de sus tierras contra intervenciones estatales.
Manuel Santiz Cruz expresó al salir de prisión que el encierro representó un sufrimiento constante, aunque su oración lo sostuvo, y reafirmó su compromiso: «Mi lucha no va a terminar, voy a seguir defendiendo mi territorio y mi gente». Modevite celebró la excarcelación en un comunicado, pero demandó reparación integral, garantías de no repetición y el cese de la persecución contra pueblos originarios en Chiapas. La resolución judicial, derivada de dos amparos directos, marca un avance en la lucha contra la fabricación de delitos, aunque el colectivo advierte que la justicia plena requiere acciones más amplias para proteger a los defensores indígenas.
