La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió indagatorias administrativas para determinar si existieron omisiones de servidores públicos, empresas o proveedores que contribuyeron al descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Nizanda, Oaxaca. La titular Raquel Buenrostro confirmó que se revisan procesos contractuales y administrativos con mayor detalle, aunque ya se realizaban auditorías previas al proyecto. Si se detectan irregularidades, la dependencia dará vista a la Fiscalía General de la República para posibles conductas delictivas.
El accidente dejó 14 personas fallecidas y 98 lesionadas en un tren con 250 ocupantes que circulaba por la Línea Z, tramo con curvas pronunciadas que conecta Coatzacoalcos y Salina Cruz. La Secretaría de Marina, operadora del ferrocarril, desplegó recursos de rescate inmediatos y expresó condolencias a las familias afectadas. Además, tras declarar desierta una licitación para servicios de seguridad y seguros el 26 de diciembre de 2025, firmó convenios temporales con empresas como Ve Por Más y Seguridad y Defensa en General.
Las investigaciones se suman a las de la Fiscalía General de la República y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, que analizan causas técnicas del siniestro. Auditorías anteriores de la Auditoría Superior de la Federación ya habían señalado irregularidades en la modernización de la vía. La Secretaría Anticorrupción enfatiza que el enfoque radica en verificar el cumplimiento adecuado de responsabilidades para evitar futuras omisiones.
