La Fiscalía General de la República inicia una investigación para determinar si existen datos de prueba suficientes que respalden las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra el gobernador Rubén Rocha Moya.
La dependencia busca establecer la probabilidad de que tales señalamientos cuenten con fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión. De esta forma, evalúa la información necesaria conforme a los requisitos establecidos en la legislación mexicana.
El Tratado Bilateral de extradición precisa que solo se concederá este procedimiento si las pruebas resultan suficientes según las leyes de la parte requerida, es decir, México. Por ello, la Fiscalía verifica que se cumplan los estándares nacionales antes de cualquier acción judicial.
