Incursionan cárteles mexicanos en minería y transporte legales, revela experto

Los cárteles mexicanos ampliaron sus operaciones hacia negocios legales como la minería, la agricultura, la ganadería, las comunicaciones y el transporte, según afirmó el especialista en seguridad Eduardo Guerrero en un análisis publicado el 10 de marzo de 2025 por El Financiero. Estas actividades, que se suman a sus tradicionales delitos como el narcomenudeo, la extorsión, el tráfico de drogas y armas, la trata de personas y el secuestro, generan empleos directos e indirectos e inyectan ganancias al sistema financiero, lo que complica su detección y combate. La incursión en sectores regulados representa un desafío para empresas mexicanas y estadounidenses, especialmente tras la designación de seis cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) por el gobierno de Donald Trump en febrero de 2025, una medida que podría congelar activos y cuentas bancarias de cualquier compañía vinculada a estas organizaciones.
El gobierno de Estados Unidos incluyó al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y los Cárteles Unidos en la lista de FTO, una acción replicada por Canadá. Guerrero destacó que esta clasificación obliga a las empresas a extremar precauciones para evitar sanciones, ya que los cárteles acumularon recursos y propiedades significativas derivadas de sus actividades ilícitas. En el caso de la minería, reportes de El Economista señalan que grupos criminales extorsionan a compañías legales o se infiltran en la cadena de suministro, mientras que en el transporte controlan rutas clave para mover mercancías legales e ilegales, según investigaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México.
La diversificación de los cárteles hacia sectores legítimos no es nueva. En 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó operaciones de lavado de dinero en la agricultura y la ganadería, donde organizaciones como el CJNG invirtieron en la producción de aguacate y ganado en estados como Michoacán y Jalisco. En el ámbito de las comunicaciones, Milenio reportó en 2024 casos de cárteles que operan redes de internet en zonas rurales para facilitar sus actividades. Guerrero subrayó que las empresas mexicanas enfrentan el mayor riesgo, ya que la falta de controles estrictos en algunos sectores facilita la penetración del crimen organizado, mientras que las firmas estadounidenses podrían optar por un cumplimiento excesivo que limite inversiones y programas de ayuda.
La designación como terroristas, impulsada por Trump, intensifica la presión bilateral. En enero de 2025, el presidente estadounidense amenazó con aranceles del 25% a México si no frenaba el flujo de drogas y migrantes, una postura que se suavizó tras compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que mantiene la lucha contra el narco como prioridad. Analistas de Reuters indican que esta estrategia podría complicar las relaciones comerciales, afectando a industrias como la minería, que aporta el 2.75% al PIB nacional según la Cámara Minera de México (Camimex). El reto para México radica en fortalecer la regulación y la inteligencia financiera para cortar los nexos entre el crimen organizado y los negocios legales, un proceso que requerirá coordinación con Estados Unidos sin comprometer la soberanía nacional.