En México, la adopción de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector público ha cobrado relevancia en los últimos años. Un estudio reciente del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) reveló que, hasta marzo de 2025, diversas instancias gubernamentales en los tres niveles de gobierno utilizan al menos 119 aplicaciones de IA. De estas, el 56 por ciento corresponde a chatbots o interfaces conversacionales, cuyo principal objetivo es informar y atender a la ciudadanía de manera eficiente.
El Poder Ejecutivo destaca como el mayor usuario de estas tecnologías, con 65 instituciones que han incorporado herramientas de IA en sus procesos. Le siguen entidades educativas y organismos autónomos. Además de los chatbots, las aplicaciones de IA en el gobierno mexicano abarcan reconocimiento de imágenes, modelos predictivos, algoritmos de aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento del habla y clasificadores.
Sin embargo, a pesar de la creciente adopción de estas tecnologías, persisten desafíos significativos en términos de transparencia y regulación. Investigadores del CIDE han señalado que obtener información clara sobre el uso, regulación y objetivos de estas aplicaciones ha sido un proceso marcado por la opacidad y la resistencia de algunas instituciones a rendir cuentas. Esta falta de transparencia dificulta la evaluación del impacto real de la IA en la gestión pública y plantea interrogantes sobre la protección de datos y la ética en su implementación.
La implementación de la IA en el sector público mexicano representa una oportunidad para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía. No obstante, es crucial que las autoridades aborden los retos relacionados con la transparencia y establezcan marcos regulatorios adecuados para garantizar un uso ético y efectivo de estas tecnologías en beneficio de la sociedad.
