La Secretaría de Gobernación anuncia una reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947, con el fin de actualizarla ante avances tecnológicos y sancionar operaciones de lavado de dinero. La iniciativa busca ofrecer certeza jurídica a las inversiones legítimas en casinos y bingos, al tiempo que establece mecanismos para erradicar la corrupción en el sector. Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la titular Rosa Icela Rodríguez reveló los ejes centrales de esta modificación legislativa.
La ley actual prohíbe los juegos de azar como norma general, aunque permite excepciones en actividades como ajedrez, dominó o deportes, y designa a la Segob como autoridad reguladora exclusiva. Bajo esta norma, los permisos para establecimientos con apuestas exigen distancias mínimas de escuelas y centros laborales, mientras que las infracciones conllevan multas, arrestos o revocaciones inmediatas. La reforma incorporará sanciones específicas contra el blanqueo de recursos ilícitos, con el propósito de blindar al ramo de usos delictivos y fomentar la regularización fiscal de las empresas involucradas.
Rodríguez sostuvo reuniones previas con empresarios del sector, donde se pactaron compromisos para evitar la corrupción de servidores públicos y promover el pago de impuestos. Estos acuerdos subrayan una política de cero tolerancia hacia prácticas ilícitas, en coordinación con legisladores federales para agilizar el trámite parlamentario. La propuesta representa la primera actualización significativa en 78 años, con énfasis en la protección de inversiones y la modernización normativa ante la evolución digital del juego.
