Más de 200 magistrados de circuito y jueces de distrito renunciaron a participar en la elección judicial programada para el 1 de junio de 2025 y presentaron una solicitud conjunta al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para garantizar el pago de las indemnizaciones establecidas en la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). Los recursos, según los solicitantes, debían provenir de fideicomisos que consideran retenidos ilegalmente por la Tesorería de la Federación.
La petición, dirigida al CJF, busca que se individualicen las cuantías de las indemnizaciones constitucionales, un derecho contemplado para los impartidores de justicia que optaron por no postularse en el proceso electoral derivado de la reforma aprobada en 2024. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) respaldó esta demanda y exigió al CJF el pago inmediato de dichas compensaciones, argumentando que la reforma establece esta obligación para quienes decidan retirarse antes del cierre de la convocatoria electoral.
Siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluyendo a Norma Piña, Javier Laynez, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, Jorge Mario Pardo y Alfredo Gutiérrez Ortiz, también anunciaron que no participarán en la elección judicial. Laynez calificó el proceso como un “error histórico”. Estos ministros, al igual que los jueces y magistrados, aseguraron su derecho al haber de retiro al presentar sus renuncias antes del plazo límite del 30 de octubre de 2024, con efectos al 31 de agosto de 2025.
La reforma judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 2024, establece que los cargos de jueces, magistrados y ministros serán electos por voto popular a partir de 2025. El Senado sorteó 711 plazas de jueces y magistrados, además de 139 vacantes, para ser disputadas en las urnas. El proceso electoral, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), permitirá a los ciudadanos elegir cerca de 880 cargos judiciales.
Los jueces y magistrados argumentaron que los fideicomisos del PJF, destinados a cubrir estas indemnizaciones, fueron trasladados a la Tesorería de la Federación, lo que consideran una acción ilegal. Esta controversia se suma a las críticas al proceso de elección judicial, que ha generado debate sobre la independencia del Poder Judicial y la viabilidad de los comicios.
El INE ya inició la organización del proceso, con campañas electorales en curso en estados como Quintana Roo, donde se elegirán 117 cargos judiciales. Las campañas, que concluirán el 28 de mayo de 2025, tienen topes de gasto de hasta 105 mil pesos por candidato en algunos municipios. La plataforma “Conóceles” del INE permite a los ciudadanos consultar información sobre los aspirantes para emitir un voto informado.
La solicitud de los jueces y magistrados representa un nuevo capítulo en la implementación de la reforma judicial, que busca transformar la composición del PJF mediante la participación ciudadana, aunque enfrenta resistencias y cuestionamientos sobre su ejecución y financiamiento.
