Una semana después del devastador incendio en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, que cobró la vida de 24 personas y dejó a 14 más heridas, los familiares de las víctimas elevan su voz para demandar justicia y respuestas claras. El siniestro, ocurrido el 1 de noviembre alrededor de las 15:00 horas, se desencadenó por la explosión de un transformador eléctrico en medio de varios apagones, en un establecimiento abarrotado por la quincena y las compras previas al Día de Muertos. Sobrevivientes y deudos, como Eusebio Arias, tío de la joven Joanna Hernández, una estudiante de 20 años que trabajaba como cajera y pereció en el fuego, señalan la negligencia en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas como la causa principal. «Es responsabilidad de la empresa, de la CFE y de las autoridades locales; edificios obsoletos como estos abundan en las calles de Hermosillo y en otras ciudades», expresó Arias, reflejando el dolor colectivo que impulsó una marcha masiva por el Centro Histórico a mitad de semana, donde cientos exigieron accountability a gritos y carteles.
Sin embargo, más allá de la indignación inmediata, persiste el temor a que la historia se repita en un contexto de infraestructura deteriorada. Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, alertó que 2025 ha sido el año más crítico por reportes de apagones y accidentes derivados de la falta de mantenimiento en la red de la Comisión Federal de Electricidad. «La CFE está rebasada por la omisión en transformadores y estaciones, lo que genera daños colaterales graves, especialmente en veranos extremos», detalló Peinado, subrayando cómo el abandono de estos equipos ha exacerbado vulnerabilidades en el corazón comercial de la ciudad. Dulce Segundo, hija de Marco Segundo Reyes, el empacador de 80 años que se convirtió en la víctima número 24, añadió su testimonio al panorama: «El Centro es antiquísimo y necesita urgentemente intervenciones para evitar más pérdidas irreparables». Estas voces se unen a un coro de preocupación por inmuebles cercanos sin planes de revisión, donde la obsolescencia eléctrica acecha como una amenaza latente.
En respuesta, las autoridades han tomado medidas iniciales para restaurar la confianza. El gobernador Alfonso Durazo y el alcalde Antonio Aztiazarán anunciaron el cese de responsables en Protección Civil estatal y municipal, mientras el fiscal general prometió abrir procesos penales, civiles y administrativos contra funcionarios y particulares involucrados, incluyendo a la Federación. Por su parte, Carlos Roberto Faz Gutiérrez, presidente del Patronato Pro Obras del Centro Histórico, llamó a los comerciantes a priorizar lo básico: señalización, extintores y revisiones con Protección Civil. «Debemos adelantarnos para que una tragedia así no vuelva a golpear», enfatizó. Aunque estas acciones marcan un paso adelante, los afectados insisten en que solo un compromiso sostenido con el mantenimiento preventivo garantizará la seguridad de quienes transitan y laboran en estos espacios vitales para la vida diaria de Sonora. La investigación oficial descarta intencionalidad, pero el eco del luto urge transformaciones reales.
