Decenas de seguidores del grupo surcoreano BTS, identificados como «Army», se movilizaron este viernes hacia las instalaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la Ciudad de México para denunciar falta de transparencia y presuntos abusos por parte de la empresa Ticketmaster. Los manifestantes, quienes portaban distintivos morados, exigieron justicia ante lo que calificaron como un proceso de venta plagado de irregularidades, incluyendo precios que superaron hasta diez veces su valor original. Durante la jornada, los asistentes subrayaron que la alta demanda no justifica la opacidad en la asignación de entradas, especialmente cuando más de dos millones de usuarios intentaron acceder a una de las escasas 136,400 localidades disponibles.
En este contexto, la indignación de los seguidores se centró en la lentitud de las investigaciones oficiales y la aparición de estafas en el mercado secundario. A pesar de que la Profeco inició previamente un procedimiento de sanción contra la boletera por más de 5 millones de pesos, los manifestantes señalaron que las medidas han sido insuficientes para resarcir el daño a los consumidores. Algunos voceros del movimiento también expresaron su rechazo a que la situación se utilice con fines políticos, tras la reciente carta enviada por la presidencia de México hacia el gobierno surcoreano para gestionar más fechas, argumentando que su prioridad es la legalidad comercial y no la intervención diplomática.
Finalmente, ante la falta de acuerdos determinantes tras una reunión con representantes de Profeco, la comunidad de seguidores anunció que escalará el conflicto a instancias penales. Los representantes de la movilización confirmaron que presentarán una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que el esquema de venta y la reventa desmedida agotaron las vías administrativas de solución. Con este movimiento, el colectivo busca sentar un precedente sobre los derechos de los consumidores en eventos de alta demanda y garantizar que el regreso de la agrupación al país ocurra bajo condiciones de equidad y legalidad.
