Más de un millón de clientes de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) enfrentan incertidumbre tras el cierre abrupto de sus oficinas y la inactividad de su aplicación móvil desde el 1 de abril. Entre ellos, Bernardino Ávila, un jubilado de 80 años, teme perder los 2.3 millones de pesos que invirtió, confiado en la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y los 30 años de trayectoria de la financiera. Hasta el momento, 224 ahorradores han interpuesto una denuncia colectiva por fraude en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Querétaro, exigiendo respuestas claras de las autoridades.
La situación ha generado indignación, pues la CNBV no ha emitido un posicionamiento oficial, argumentando tiempos legales, mientras que la Condusef solo ha prometido priorizar las quejas. Los afectados, como Lizbeth Morales Rohde, quien invirtió 10 millones de pesos, denuncian la falta de empatía de los funcionarios y la opacidad en la supervisión de CAME, cuya capitalización cayó al 102% en diciembre de 2024, por debajo del 130% requerido. Además, la financiera fue clasificada en nivel 4 de alertas tempranas, lo que podría derivar en la revocación de su licencia. Los ahorradores rechazan el seguro de protección Prosofipo, que cubre solo hasta 211 mil pesos, insuficiente para quienes invirtieron sumas mayores.
Por su parte, CAME afirmó en su sitio web que colabora con la CNBV para encontrar una solución, pero las oficinas permanecen cerradas y nadie responde. Los clientes, muchos de ellos adultos mayores, temen un fraude similar al caso Ficrea, y cuestionan posibles omisiones en la regulación. Mientras tanto, las protestas continúan, y los afectados piden a la presidenta Claudia Sheinbaum intervenir para garantizar la devolución total de sus recursos. La falta de información y la inacción han profundizado la desconfianza en el sistema financiero.
