En un reciente anuncio, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de la Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó los cambios fundamentales en la reforma constitucional que impactan el acceso a la información pública en México. La reforma introduce regulaciones cruciales para la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual, hasta el momento, no contaba con un marco legal adecuado. Ahora, con su regulación formal, se garantiza la preservación de los datos históricos y la continuidad del sistema. Entre las medidas clave se encuentra la implementación de un «validador criptográfico», una tecnología que actúa como una huella digital para la base de datos, permitiendo auditorías forenses en caso de que se cuestione la integridad de la información. Esta innovación busca asegurar que los datos no sean manipulados o perdidos, consolidando la confianza de los ciudadanos en la plataforma.
Otro cambio significativo es la redistribución de las responsabilidades en las autoridades encargadas de garantizar el acceso a la información. Hasta antes de la reforma, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) era el principal responsable a nivel federal. Sin embargo, tras la reforma, serán 18 autoridades las encargadas de esta tarea, incluyendo organismos del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sindicatos y entidades autónomas. En los niveles estatal y municipal, la responsabilidad también se amplía, pasando de 32 organismos autónomos a una distribución que incluye al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, permitiendo un enfoque más descentralizado y coordinado.
Además, la reforma trae cambios en los medios de defensa. Ahora, cuando los ciudadanos soliciten información y enfrenten la negativa por parte de alguna autoridad, podrán impugnarla en instancias descentralizadas. Los casos locales se resolverán a nivel estatal o municipal, mientras que los casos federales serán atendidos por la Secretaría de la Anticorrupción y Buen Gobierno. Asimismo, los juicios de amparo, que anteriormente eran resueltos por jueces administrativos, ahora serán tratados por jueces especializados, lo que busca asegurar que se resuelva el fondo del asunto, es decir, si el solicitante tiene derecho o no a la información.
Una de las metas de estos cambios es aumentar la eficiencia del sistema de transparencia. Según lo señalado por Buenrostro, se estima que el 80% de las cargas de trabajo actuales del INAI serán asumidas por la nueva Secretaría de la Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que generará un ahorro importante en la estructura organizativa. Este ajuste tiene como objetivo optimizar los recursos y procesos, mejorando la agilidad del sistema.
Finalmente, la reforma subraya la necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar el acceso equitativo a la información pública. Se busca establecer un Sistema Nacional de Transparencia más cohesionado que fomente la colaboración entre la federación, los estados y los municipios, lo que no solo mejorará el acceso a la información, sino que también reducirá los costos administrativos en los niveles locales.
Con estas reformas, México avanza hacia un modelo más robusto y eficiente en cuanto a la transparencia y el acceso a la información pública, cumpliendo así con el compromiso de fortalecer este derecho fundamental.
