El Senado de la República aprobó, por unanimidad con 97 votos a favor, una reforma al Código Penal Federal que redefine el delito de abuso sexual y eleva sus sanciones, con penas base de tres a siete años de prisión más multas de 200 a 500 veces el valor diario de la UMA. Esta modificación, impulsada tras la agresión contra la presidenta Claudia Sheinbaum el 4 de noviembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México, transforma los artículos 260 y 266 Bis para alinearlos con estándares internacionales y eliminar interpretaciones que minimizaban la gravedad de las conductas. Así, cualquier acto sexual sin consentimiento —como tocamientos o roces en ámbitos público o privado— se castiga de oficio, sin requerir denuncia de la víctima, y el silencio o la falta de resistencia no implican aquiescencia.
La norma incorpora agravantes que incrementan la pena en un tercio, hasta nueve años y cuatro meses de cárcel, cuando el abuso involucre violencia física, psicológica o moral, se cometa por dos o más personas, ocurra en lugares solitarios o por figuras de confianza como maestros, médicos, parientes o líderes religiosos. Además, se endurecen castigos para servidores públicos que abusen de su cargo —con destitución e inhabilitación—, profesionales que exploten su rol o agresores motivados por orientación sexual e identidad de género de la víctima. Por otra parte, los condenados asistirán a talleres de reeducación con perspectiva de género, mientras las autoridades brindarán apoyo psicológico y servicio social a las afectadas, en un marco que armoniza definiciones y sanciones a nivel nacional.
Esta aprobación forma parte de un paquete de 17 reformas a leyes secundarias sobre igualdad sustantiva y vida libre de violencias, presentadas por la presidenta Sheinbaum para erradicar impunidades en delitos de género durante los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Senadoras como Martha Lucía Mícher y Lorenia Valles Sarmiento destacaron que la centralidad del consentimiento resuelve criterios históricos que culpabilizaban a las víctimas y fortalece la justicia expedita, especialmente ante la alta incidencia de estos crímenes donde el 90 por ciento de las afectadas son mujeres. El dictamen ahora pasa a la Cámara de Diputados para su revisión final y eventual promulgación.
