El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura alertó sobre graves irregularidades en centros de rehabilitación para personas con adicciones en México, sobre todo en los privados que operan sin regulación ni supervisión oficial. Tras una visita del 25 al 30 de enero de 2026, la jefa de la delegación, Carmen Comas-Mata, señaló prácticas coercitivas, métodos de control y castigos que vulneran a los internos, así como condiciones riesgosas que representan un grave riesgo de malos tratos. Aunque la legislación mexicana prohíbe el internamiento involuntario, esta práctica persiste en la realidad mediante ingresos forzados o mediante engaños.
Los expertos destacaron la falta de implementación efectiva de medidas preventivas, pese a avances como la Ley General para la Prevención de la Tortura de 2017 y reformas a la Ley General de Salud en 2023. En estados como Jalisco, Guanajuato y Sinaloa se reportan casos emblemáticos, incluyendo liberaciones masivas por falta de permisos, muertes por abusos y posibles vínculos con el crimen organizado para reclutamiento forzado de jóvenes. El Subcomité enfatizó la necesidad de investigaciones efectivas ante denuncias de tortura y la persistencia de impunidad en estos entornos.
La ONU urgió al Estado mexicano a tomar acciones urgentes y decisivas para regular estos centros, fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención con la integración completa de su Comité Técnico y restablecer la cooperación con la sociedad civil. La delegación reconoció el compromiso político del país contra la tortura, pero insistió en que queda mucho por hacer en la aplicación real de las medidas de prevención. El llamado busca erradicar vulneraciones a los derechos humanos en estos espacios.
