La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal de Zacatecas privaron de la vida a 14 civiles desarmados o rendidos durante un operativo el 12 de octubre de 2020 en la comunidad de Nueva Alianza, municipio de Calera. La Recomendación 195VG/2025, emitida este mes tras una investigación de casi cinco años, acreditó el uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de al menos cinco militares del 52 Batallón de Infantería y diez policías estatales, con violaciones a los derechos a la vida e integridad personal. Peritajes forenses revelaron que siete víctimas sufrieron contusiones previas, doce presentaron heridas de bala en el cráneo y ocho recibieron impactos por la espalda, lo que contradice la versión oficial de un enfrentamiento armado.
El incidente inició con un ataque de unos 15 civiles armados contra ocho policías en patrullaje, lo que motivó la llegada de refuerzos militares y estatales. Tras un segundo tiroteo de 30 minutos en un área despoblada, las autoridades reportaron la muerte de 12 hombres con vestimenta tipo militar y armas, pero la CNDH halló inconsistencias: ausencia de casquillos percutidos en el sitio clave y una herida de defensa en la palma de una víctima no armada, corroborada por testimonios de familiares que la describen como cuidador local sin vínculos delictivos. La Comisión notificó la recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas (SSP), con énfasis en la arbitrariedad de las acciones que ignoraron principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Como medidas de reparación, la CNDH instruyó inscribir a las 14 víctimas y una adicional, junto con sus familias, en el Registro Nacional de Víctimas para compensaciones económicas y atención psicológica. Las autoridades deberán capacitar a los agentes involucrados en derechos humanos y uso legítimo de la fuerza, además de implementar protocolos contra repeticiones. La Comisión presentará denuncias administrativas ante los órganos internos de control de Sedena y SSP, e integrará los hallazgos a la carpeta de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.
