Los obstáculos legales y administrativos persisten en México pese al aumento casi al doble de solicitudes de adopción entre 2022 y 2024, que pasaron de mil 37 a mil 998, según un informe del Instituto Newman en colaboración con el Sistema Nacional DIF. Niños y adolescentes permanecen en Centros de Asistencia Social hasta su mayoría de edad porque no se resuelve con agilidad su situación jurídica. El documento destaca la carencia de juzgados especializados y la sobrecarga de trabajo como factores clave que complican las adopciones.
Entre 2023 y 2024 se tramitaron 386 juicios de pérdida de patria potestad, pero solo concluyeron 95, aunque la ley establece un plazo improrrogable de 90 días hábiles. En 2024 había 858 menores susceptibles de adopción, de los cuales solo se asignaron 243 a familias; los 615 restantes no encontraron hogar compatible a pesar de contar con resolución jurídica. Además, no existe un criterio homologado para evaluar la idoneidad de los solicitantes, lo que genera inconsistencias en certificaciones y asignaciones.
El informe del Instituto Newman resalta que las procuradurías de protección pueden certificar situaciones de abandono para agilizar trámites y evitar juicios largos carentes de perspectiva de infancia. Expertos y organizaciones reiteran la necesidad de una Ley Nacional de Adopciones que homologue procesos en todo el país. De las mil 998 solicitudes recibidas, mil 451 familias obtuvieron certificado de idoneidad, aunque persisten riesgos de no integración que afectan el bienestar de los menores.
